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miércoles, 26 de septiembre de 2012

Rescate bancario, pero ¿a que precio?

Rescate bancario, pero ¿a que precio?

Jérome Duval
Cadtm

 Frente a una peligrosa deuda privada de las instituciones financieras (principalmente bancos), dado que reposa sobre la acumulación de créditos hipotecarios de riesgo y por tanto con una fuerte probabilidad de impago, el reino de España, aconsejado por diversas sociedades privadas, ha decidido transferir dicho riesgo a las instituciones públicas. Pero ¿quiénes son estas sociedades privadas y a qué intereses sirven?


El Estado paga dos millones de euros a empresas privadas con balance dudoso para ser asesorado
El 21 de junio de 2012, los auditores Oliver Wyman y Roland Berger, contratados por el gobierno de Rajoy, entregan sus tan esperados informes y confirman lo que todo el mundo sabía: el sector bancario español necesita ser saneado. Precisan sin embargo que el montante necesario podría llegar hasta los 62.000 millones de euros. Estas sociedades privadas se han embolsado la bagatela de 2 millones de euros a costa del contribuyente por este trabajo “de expertos”. Pero ¿quiénes son estos auditores que se supone asesorarán adecuadamente? Y ¿a quién beneficia este asesoramiento?

Oliver Wyman es una asesoría que emplea 2900 consultores repartidos en 25 países del mundo. Pertenece en su totalidad al corredor de seguros estadounidense Marsh.

En 2006, Oliver Wyman clasifica la Anglo Irish Bank como “mejor banca del mundo”, tres años antes de que ésta revelara pérdidas por valor de 17.600 millones de euros y haya de ser rescatada por el Estado irlandés. Las consecuencias han sido catastróficas para Irlanda, caída en las redes de la troika (Unión Europea, FMI y BCE) que inyecta fondos con intereses bajo austeras condiciones. Fue el Financial Times el que publicó en 2011 la mencionada clasificación mundial de bancas establecido por esta auditora, puesto que el informe que concedía esta distinción fatídica había desaparecido misteriosamente de la web de Oliver Wyman. |1|

Pero eso no es todo. Los consultores de Oliver Wyman aconsejaron a Citigroup que comprara productos dudosos, que se encuentran en el origen de la crisis de las hipotecas basura (“subprimes”). Resultado, dichas inversiones ocasionaron pérdidas en el entorno de los 50.000 millones de dólares (37.000 millones de euros) |2|, arrastrando a la quiebra al primer banco norteamericano. Citigroup recibiría seguidamente casi 2.500.000.000.000 de dólares de la FED, el Banco Central de Estados Unidos. |3|

No podemos esperar nada mejor de la segunda auditora privada llamada a diagnosticar el sector bancario español; especializada en asesorar multinacionales, tanto del sector financiero como del no financiero, y cercano a gobiernos e instituciones, Roland Berger Strategy Consultants fue creado en Alemania por el universitario Roland Berger en 1967. A los 75 años, el influyente Berger, confidente de los grandes patronos alemanes, asesora a la canciller Angela Merkel y al presidente portugués Aníbal Cavaco Silva. Con 2.000 consultores repartidos en 24 países (Europa, Asia y América), el grupo se ha convertido en uno de los principales gabinetes de asesoría de estrategia y proyecta la creación de una agencia de calificación europea.

En octubre de 2011, Roland Berger Strategy Consultants y su presidente director, Martin Wittig, asesoran a Angela Merkel para resolver el sobreendeudamiento de Grecia. El plan, bautizado como “Eureka”, está calcado del sistema implementado en Alemania en el momento de la reunificación en 1990 para reestructurar y privatizar cerca de 8.500 empresas de la ex RDA. |4| Pretende reagrupar un conjunto de activos públicos tasados en 125 millones de euros (autopistas, aeropuertos, puertos, propiedad inmobiliaria, telefonía…) en una estructura común comprada por una institución europea y “financiada por los Estados, cuya sede podría situarse en Luxemburgo” a fin de pilotar la cesión de dichos activos, con un vencimiento fijado en 2025. Los honorarios de gestión incumben pues a los Estados. Los 125.000 millones recogidos deberían servir a Grecia para desendeudarse comprando sus obligaciones al BCE y al FEEF (Fondo Europeo de Estabilidad Financiera). Hablando claro, los Estados europeos toman a su cargo la venta a buen precio para el sector privado de lo que queda público en Grecia y el dinero de la venta no queda en la caja del Estado sino que parte de nuevo al BCE con el pretexto de cancelar los créditos que supuestamente salvarían a Grecia. Por tanto, según sus creadores, este plan permitiría a Atenas, que ya no puede financiarse, (lo que significa no poder endeudarse vendiendo bonos u obligaciones a largo plazo), el regreso a los mercados (es decir, endeudarse vendiendo estos famosos bonos, por ejemplo a 10 años.) |5|

Endeudarse para pagar antiguas deudas con la pretensión de resolver el problema, tiene un aire de déjà vu: los países del sur han pagado ya muchas veces la deuda que debían en el momento de la crisis de la deuda de los años 80, pero continúan endeudándose para devolver… Con el juego de los intereses, este círculo vicioso del endeudamiento se ha cerrado sobre ellos y los acreedores disponen de la última palabra para cualquier cambio político de importancia. En suma, un verdadero regalo envenenado para los griegos y además, para los pueblos europeos.

En una tribuna del diario Le Monde |6|, Bernard de Montferrand, miembro del gabinete Roland Berger Strategy Consultants y antiguo embajador de Francia en Berlín, se lamenta de que el plan no ha sido conservado y sugiere una privatización a escala continental: “Pero una nueva forma de Eureca europeo, destinado primero a los países del sur de Europa que están asfixiados por su endeudamiento y por la reducción acelerada de sus déficits tendría un efecto de desmultiplicación y abriría una perspectiva política sin equivalente y sobre todo más rápida.”

Además, el proyecto de una agencia de calificación europea no está muerto, tal y como anunció la prensa a mitad de abril de 2012. Markus Krall, el padre del concepto, dimitió de sus funciones en Roland Berger a principio de mayo de 2012 para convertirse en el presidente director de la fundación encargada de tal agencia de calificación. |7| Sabiendo que las agencias de calificación han acelerado y agravado la crisis, cuando hubieran debido anticiparla, tenemos todos los motivos para ser escépticos.

Tras desembolsar cerca de dos millones de euros para ofrecerse los servicios de Oliver Wyman y Roland Berger, cargados de tests de stress a los bancos, el Estado paga a la sociedad Álvarez & Marsal más de dos millones de euros por su trabajo de gestión del “banco malo”, entidad que aglutinará todos los activos tóxicos de los bancos nacionalizados. He aquí cerca de cuatro millones de euros gastados en poco tiempo por el Estado en tres sociedades privadas, que supuestamente obran por el bien público. Si el Estado supiera mostrarse tan pródigo cuando se trata de financiar la protección social y los servicios públicos…


Fuente: http://cadtm.org/Espana-Rescate-bancario-pero-a-que

Traducción: Mireya Royo

Notas
|1| Web de Oliver Wyman: http://www.oliverwyman.com/. Ver la lista en: http://networkedblogs.com/z38s4 o en http://ftalphaville.ft.com/blog/2011/02/11/485311/worlds-best-bank-2006-vintage/

|2| Leer Oliver Wyman nombró a Anglo Irish mejor banco del mundo antes de su rescate, ABC, 21/05/2012, http://www.abc.es/20120521/economia/abci-roland-berger-oliver-wyman-201205211644.html

|3| Leer Maria Lucia Fattorelli: AUDITORIA: una herramienta esencial para probar el origen y las causas de la actual crisis de “deuda” de los Estados Unidos y Europa. http://cadtm.org/AUDITORIA-una-herramienta-esencial

|4| La Treuhand es el organismo creado en 1990 para llevar a cabo las privatizaciones y reestructuraciones industriales de la ex - RDA. Desaparece el 31 de diciembre de 1994, dejando una deuda importante a cargo del Estado alemán. “La Treuhand a logrado una obra fantástica: privatizar un país de 17 millones de habitantes en cuatro años”, afirma extasiado Henri Monod, su antiguo delegado general en Francia. Millot Laurraine, Mission accomplie la Treuhand s’autodétruit, Libération, 02/01/1995. http://www.liberation.fr/economie/0101130585-mission-accomplie-la-treuhand-s-autodetruit

|5| http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20110928trib000652367/les-details-du-plan-secret-allemand-pour-sauver-la-grece-.html y Eureca, le ’plan secret’ pour venir en aide à la Grèce, Le Monde, 28.09.2011, http://www.lemonde.fr/economie/article/2011/09/28/eureca-le-plan-secret-pour-venir-en-aide-a-la-grece_1579219_3234.html

|6| «Oui, la croissance est possible en Europe! Pour un Eureca européen», Le Monde, 14 de mayo 2012, http://www.lemonde.fr/idees/article/2012/05/14/oui-la-croissance-est-possible-en-europe-pour-un-eureca-europeen_1699791_3232.html

|7| MM. Bernard de Montferrand y Markus Krall sobre el proyecto de Roland Berger de creación de una agencia de notación europea, 2 de mayo 2012, http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20120430/mci_agences.html

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=156609&titular=rescate-bancario-pero-%BFa-que-precio?-


miércoles, 19 de septiembre de 2012

Código Penal Gallardón: la criminalización de la resistencia social


Código Penal Gallardón: la criminalización de la resistencia social


El Código Penal proyectado representa un nuevo retroceso con respecto al llamado Código Penal de la democracia, aprobado en 1995. Los tratadistas de derecho penal acostumbran a referirse al Código Penal como “Constitución en negativo”: allí donde la Carta Magna establece derechos fundamentales...


“La distribución o difusión pública, a través de cualquier medio, de mensajes o consignas que inciten a la comisión de alguno de los delitos de alteración del orden público del artículo 558 CP, o que sirvan para reforzar la decisión de llevarlos a cabo, será castigado con una pena de multa de tres a doce meses o prisión de tres meses a un año.”

El Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, presentó el pasado viernes las líneas fundamentales de la futura reforma del Código Penal. Tal presentación no fue más que una maniobra publicitaria, dado que no vino acompañada por la publicación del Anteproyecto en la web del Ministerio, donde solo puede encontrarse un simple resumen del futuro texto legal.

Ante la falta de transparencia del Ministerio, he tenido que bucear en la red hasta poder tener acceso a un ejemplar del anteproyecto, de fecha 16 de julio, disponible en la web del Departamento de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona. Dicho texto experimentará cambios antes de ser remitido a las Cortes en forma de proyecto de ley, pero en cualquier caso permite tener una idea objetiva de la reforma, no condicionada por la propaganda ministerial.

El Código Penal proyectado representa un nuevo retroceso con respecto al llamado Código Penal de la democracia, aprobado en el año 1995. Los tratadistas de derecho penal acostumbran a referirse al Código Penal como “Constitución en negativo”: allí donde la Carta Magna establece derechos fundamentales, el Código Penal establece los límites de las libertades, las líneas rojas que no se deben traspasar.  Y en este sentido, el Código Gallardón deja en números rojos, en negativo, muchas de las libertades que tanto ha costado conseguir.

El establecimiento de la cadena perpetua revisable es, sin duda, el mayor retroceso penal desde la transición, y es de todo punto incompatible con el actual texto constitucional, que establece que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social.  Pero no quiero analizar aquí exhaustivamente algo que, con toda seguridad, será debatido en profundidad durante toda la tramitación de la reforma. Prefiero centrarme en un aspecto muy preocupante del proyecto: la criminalización de las nuevas formas de resistencia social.

El proyectado artículo 559, citado al inicio de este artículo, constituye toda una declaración de guerra contra el ciberactivismo en redes sociales. Se criminaliza la difusión de “mensajes o consignas” que inciten a la comisión de los delitos del artículo 558, “ o que sirvan para reforzar la decisión de llevarlos a cabo”. Por si no causase inquietud la indefinición de dichos términos, obsérvese a qué delitos hace referencia el vigente artículo 558:

Serán castigados con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a 12 meses, los que perturben gravemente el orden en la audiencia de un tribunal o juzgado, en los actos públicos propios de cualquier autoridad o corporación, en colegio electoral, oficina o establecimiento público, centro docente o con motivo de la celebración de espectáculos deportivos o culturales. En estos casos se podrá imponer también la pena de privación de acudir a los lugares, eventos o espectáculos de la misma naturaleza por un tiempo superior hasta tres años a la pena de prisión impuesta.

De entrar en vigor la reforma proyectada, puede ser objeto de proceso penal todos aquellos que envíen por Twitter, o cualquier otra red social, consignas “que sirvan para reforzar la decisión” de perturbar el orden en cualquier acto público de cualquier autoridad.

La reforma no se queda ahí. La nueva redacción de los artículos 550 y 554 hace desaparecer las palabras “resistencia activa” del Código Penal. Con ello se abre la vía a que la resistencia pasiva como la desarrollada por los colectivos de “ Yayoflautas” o “ Rodea el Congreso” pueda ser criminalizada, una intención que queda meridianamente clara al leer el texto del resumen facilitado por el Ministerio:

La reforma del Código Penal clarifica la definición del delito de atentado que incluye todos los supuestos de acometimiento, agresión, empleo de violencia o amenazas graves de violencia sobre el agente. Pero no se equipara con la acción de resistencia meramente pasiva que, junto a la desobediencia, se mantiene, como hasta ahora, penada con entre seis meses y un año de cárcel.

Por si todo esto fuera poco, la reforma deroga el Libro III del Código Penal, y con ello desaparecen las faltas, para convertirse o bien en delitos leves, o bien en infracciones administrativas. Algo que en lo que se refiere a los delitos contra la propiedad tiene consecuencias regresivas: los hurtos y los delitos contra la propiedad intelectual inferiores a 400 euros, que hasta ahora eran faltas, se convierten en delitos leves que generan antecedentes penales.

Acciones de protesta como las protagonizadas en supermercados por la Plataforma de Afectados contra la Hipoteca, o el menudeo conocido como “Top Manta” no quedarán en un simple juicio de faltas, sino que conducirán al banquillo de un juicio penal por delito.

El malestar social causado por los recortes de derechos fundamentales ha ido en aumento en los últimos años, y ha encontrado en los nuevos movimientos surgidos a la luz del 15-M formas de expresión novedosas, que jugaban al límite con las líneas rojas del Código Penal. La reforma Gallardón pretende adelantar tales líneas rojas, para situar a los activistas pro derechos humanos en la situación de marginalidad de los proscritos.

http://www.eldiario.es/zonacritica/Codigo-Penal-Gallardon-criminalizacion-resistencia_6_48705170.html

miércoles, 5 de septiembre de 2012

TVE Volverá a retrasmitir Corridas de Toros en horario infantil

Posteo este vídeo creado para mi canal "La Encrucijada" porque es indignante que a la barbarie y a la tortura se la considere Cultura. Este vídeo está siendo más visto por taurinos que por personas que respetan los derechos fundamentales de los animales (a los que los taurinos llaman antitaurinos). La razón de que el vídeo esté siendo más visto por taurinos se debe a que quienes hacen búsquedas sobre el tema taurino suelen ser, obviamente, taurinos. Por ello, se trata de un vídeo que está produciendo mucho escozor en aquellos que apoyan la tortura y, en definitiva, ese era el propósito.

¡Di NO a las Corridas de Toros!

Los desempleados no son culpables


Los desempleados no son culpables

Fernando Luengo
Profesor de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid, investigador del Instituto Complutense de Estudios Internacionales y miembro del colectivo econoNuestra


“Recortamos las prestaciones por desempleo para estimular la búsqueda de empleo” Así se pronunciaba el presidente del gobierno el día que anunciaba el programa de recortes más drástico de las últimas décadas. Como leía un texto, suponemos que redactado a conciencia, es difícil imaginar que dicha afirmación se haya colado por descuido, o por error. Debemos suponer, en consecuencia, que ha sido deliberada y que se quería decir lo que se dijo.

En muchos de los manuales de economía laboral que se enseñan en nuestras universidades se sostiene una tesis parecida: Las personas en edad y dispuestas a trabajar (lo que los economistas llamamos población activa) se enfrentan al dilema de trabajar o permanecer ociosos. En la resolución de ese dilema ocuparía un lugar central la relación entre el salario percibido por desempeñar un trabajo, por un lado, y el nivel y duración de la prestación por desempleo, por otro lado. Cuanto más generosa sea ésta, menores serían los estímulos para buscar activamente un trabajo, de modo que los trabajadores se inclinarían por disfrutar de su ocio, eso sí, protegidos por la cobertura pública. Llevados por este razonamiento, la existencia de una relación inversa entre empleo y prestación, los economistas neoliberales con posiciones más extremas defienden que un adecuado sistema de estímulos es incompatible con la existencia misma de la prestación, por lo que debería ser suprimida. No podemos aceptar, sin embargo, este relato, por varias razones.

Empecemos por lo más evidente, que también es lo más urgente. La prestación por desempleo es un mecanismo anti cíclico que se activa en periodos de crisis económica. Esto quiere decir que, si existe el derecho a la prestación (derecho que, no lo olvidemos, se disfruta porque el trabajador ha cotizado a la Seguridad Social a lo largo de su vida laboral), la pérdida del empleo permite recibir una compensación monetaria, la cual, junto a otros rubros de gasto público, contribuye al mantenimiento de un determinado nivel de demanda agregada. En un contexto como el actual, caracterizado por una brusca y continuada caída de la misma, recortar el importe de la prestación (y más en general, entregarse a una política encaminada a reducir de manera drástica el gasto público como la que se está aplicando en la actualidad) supone cercenar aún más las posibilidades de recuperación económica.

Conviene aclarar (¡¡tener que aclarar esto, a estas alturas!!) que la responsabilidad del desempleo no es, con carácter general, de quien lo padece. La crisis económica ha destruido millones de puestos de trabajo, sin que las políticas aplicadas hasta el momento hayan creado las condiciones para recuperarlos; todo lo contrario, han agravado la situación. Y un problema que se superpone a este, y que acaso lo oculte, es que durante las últimas décadas, incluso en contextos de mayor crecimiento, las economías europeas no han sido capaces de absorber la oferta de fuerza de trabajo disponible. Añadamos que la calidad (la decencia, utilizando un término usado por la Organización Internacional del Trabajo), esto es, los salarios y los derechos laborales, han experimentado una merma continua en el conjunto de la Unión Europea, no sólo en los países del Sur.

Se supone, asimismo (aunque no se diga de manera explícita… por ahora), que la persona que está desempleada prefiere mantenerse en esta situación a desempeñar un trabajo. Su inclinación natural (reforzada por el estímulo perverso que representa la prestación) sería situarse fuera del sistema productivo. Se ignora así que el trabajo, además de proporcionar un salario con el que cubrir las necesidades, es una fuente de derechos individuales y colectivos y refuerza la autoestima; al contrario, el desempleo genera frustración, desconfianza y desmoralización, además de ser un factor de descualificación. Téngase en cuenta, por otro lado, que la supuesta comodidad de vivir de la “sopa boba” que supone la prestación omite (¿deliberadamente?) que su importe no ha dejado de reducirse con las sucesivas reformas laborales introducidas en los últimos años y que, transcurrido un periodo de tiempo (que también se ha recortado), el trabajador deja de recibirla, pasando a depender de las crecientemente precarias redes de asistencia social. Una cosa más, reducir la prestación por desempleo o el salario mínimo no crea puestos de trabajo, del mismo modo que tampoco los crean las políticas que no tienen otro objetivo que aminorar los costes de las empresas presionando sobre los salarios. En este sentido, diferentes estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (el club de referencia de la ortodoxia económica) ofrecen resultados muy dispares, en absoluto concluyentes e incluso opuestos a las tesis más liberales.

Conociendo (parcialmente, pues tan sólo emerge la punta del iceberg) las retribuciones que se auto asignan los directivos de las grandes corporaciones, las indemnizaciones que reciben cuando abandonan sus cargos (a menudo, tras enriquecerse llevando a sus empresas a una situación financiera límite o directamente a la quiebra), cuando se sabe que las grandes fortunas apenas tributan, cuando se acaba de amnistiar, a cambio de una mínima penalización, a los defraudadores… resulta obsceno y cínico, además de ineficaz, meter la tijera en la prestación por desempleo y pretender mejorar el balance ocupacional a través de este “estímulo”.

Reducir la prestación, en un contexto de desempleo masivo y de desequilibrio en las relaciones de poder, en beneficio del capital, sólo servirá para reducir todavía más los salarios, de los que tienen la suerte de trabajar, reduciendo asimismo la muy limitada capacidad de presión de las organizaciones sindicales. Si no hay suelo o éste se tambalea (porque se recorte el importe de la prestación o se rebaje el salario mínimo), las empresas jugarán, como ya lo están haciendo, la baza de los bajos salarios, perjudicando sobre todo a los colectivos más vulnerables.

La derecha política y los mercados, liberados de complejos y prevenciones, superadas todas las líneas rojas, arrumbados los muros de contención que aún quedaban en pie, ponen sobre la mesa su gran apuesta: someter los derechos sociales al escrutinio de los mercados. Esos mismos derechos por los que muchos hemos peleado, que tanto tienen que ver con la democracia, el ejercicio de la ciudadanía, la dignidad y el progreso.

(http://blogs.publico.es/otrasmiradas/326/los-desempleados-no-son-culpables/)

lunes, 3 de septiembre de 2012

Pobreza: La nueva industria del crecimiento en Estados Unidos


Pobreza: La nueva industria del crecimiento en Estados Unidos


Dean Baker
The Huffington Post


Las tendencias recientes de los índices de pobreza en EE UU deberían tener al país furioso con sus dirigentes. Cuando, el próximo mes, obtengamos los datos de 2011, seguramente volveremos a ver otra subida de esas cifras, un comportamiento que representa un vuelco respecto a casi 50 años de progreso económico. El porcentaje de personas que viven en la pobreza extrema, con rentas que no alcanzan ni la mitad del umbral de pobreza, volverá probablemente a ser el más alto desde que se registran estos datos.
Empeora aún más la situación el hecho de que muchos de esos pobres son niños. En 2010, el 27% de todos los niños de Estados Unidos vivían bajo el umbral de pobreza. En el caso de los niños afroamericanos, la cifra se aproximaba al 40%.

Muchos echarán la culpa a la reforma de la ley de asistencia social que se aprobó en 1996 con apoyo de los dos partidos. Es razonable. Fue un proyecto que incluyó mucho hablar para la galería y eliminó las garantías que habrían podido proteger a millones de familias en una crisis tan grave como la que ahora vivimos.

Los defensores de la reforma que ahora se muestran sorprendidos por las consecuencias deberían dedicarse a otro trabajo. En su momento hubo muchos que advirtieron de que la falta de garantías federales podía generar serias penalidades en un momento de crisis económica. Nadie tiene derecho a extrañarse ahora. El aumento de los índices de pobreza en una situación como la actual era un resultado previsible de la ley y, de hecho, se predijo.

Sin embargo, la historia tiene otro aspecto, el estado general de la economía, que es la causa fundamental del aumento del índice de pobreza. La inmensa mayoría de la población estadounidense obtiene la mayor parte de sus ingresos de su trabajo, y eso incluiría a las decenas de millones de personas que viven en la pobreza si tuvieran acceso a un puesto de trabajo. En la economía actual, esas personas no pueden encontrar empleo, o por lo menos no pueden encontrar un puesto de jornada completa que les ofrezca nada remotamente parecido a un salario para poder vivir.

El motivo por el que muchas de esas personas no pueden encontrar empleo es la pésima gestión económica de personas que se llaman nada menos que Robert Rubin, Alan Greenspan y Ben Bernanke. Estos pensaron que las burbujas que habían impulsado la economía en las dos últimas décadas, la burbuja de la bolsa en los años ochenta y la de la vivienda en el último decenio, estaban muy bien. Por alguna razón, pensaron o que las burbujas no iban a estallar o que sería fácil arreglar las cosas cuando estallaran. En el caso de Robert Rubin, se benefició personalmente -con unos beneficios de más de 100 millones de dólares- de la burbuja inmobiliaria después de dejar su cargo de secretario del Tesoro para convertirse en directivo de Citigroup.

Sin negar la importancia de tener sólidas redes de protección para garantizar que las personas puedan sobrevivir a los periodos difíciles, todavía más importante es tener una economía fuerte que sea capaz de generar empleo bien remunerado. Por desgracia, en la agenda política actual no se vislumbra nada que vaya a permitir esa recuperación del pleno empleo a corto plazo.

Los dos candidatos presidenciales aseguran que se comprometen a reducir el déficit como si hubiera un proceso mágico que hace que las empresas empiecen a contratar trabajadores, cuando ven que las escuelas están despidiendo a profesores y los contratistas de defensa están despidiendo a empleados de sus fábricas. En 1996 no hubo más que unos cuantos políticos que tuvieron la valentía de alzarse y decir que la reforma de la asistencia social iba a poner en peligro la seguridad de millones de familias, y ahora hay muy pocos que estén dispuestos a levantarse y decir que necesitamos más inversiones públicas para crear empleo y reconstruir la economía.

La realidad es que el estallido de la burbuja inmobiliaria creó un enorme vacío de la demanda en la economía. A corto plazo, ese vacío solo puede llenarlo el Gobierno, nos guste o no. Hasta que consigamos que la economía se recupere y empiece a crear los millones de puestos de trabajo que se necesitan, las cifras de la pobreza seguirán siendo horribles. Por eso, la vía principal para remediar la pobreza pasa por arreglar la economía.

Dean Baker es un macroeconomista estadounidense y cofundador del Center for Economic and Policy Research.

Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia para CEPR

Fuente: http://www.huffingtonpost.com/dean-baker/poverty-the-new-growth-in_b_1833158.html
Desde: http://rebelion.org/noticia.php?id=155412

DESENCHÚFATE!!

<b>DESENCHÚFATE!!</b>
(Fotografía:El mejillón suicida)